Comunicado de la PX1NME de la que Som Energía forma parte, en relación al bono social. Las personas integrantes de los grupos locales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra no estamos de acuerdo con este bono social ni como ciudadanía, ni como pertenecientes a una comercializadora sin ánimo de lucro como es Som Energía.
El Real Decreto-Ley 7/2016 que se vota hoy en el Congreso de los Diputados para su convalidación, y que regula la financiación del bono social eléctrico junto con otras medidas de protección a consumidores vulnerables, presenta graves deficiencias para ser efectivo, además de constituir un ataque a las pequeñas comercializadoras y consumidores. Es necesaria una Ley sobre pobreza energética que regule un bono social energético y establezca medidas estructurales para acabar con este grave problema.
Madrid, 31 de enero de 2017.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético considera que el RDL 7/2016, que fue pactado con el PSOE, no acabará con la pobreza energética, pues regula únicamente el bono social eléctrico cuando la electricidad constituye sólo el 35% del consumo doméstico. Es necesario un bono social energético que incorpore además suministros como el gas natural, el gasóleo y otros combustibles, con los que se calientan el 65% de los hogares. Un ejemplo se tiene en Portugal, donde el bono social es automático y atiende a los suministros de electricidad y gas natural.
La norma, que previsiblemente se convalidará hoy con los votos favorables del PP, PSOE y Ciudadanos, tampoco recoge los criterios mínimos para considerar que una vivienda está en situación de vulnerabilidad, dejando abierto que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital defina quién entra y quién no entra en esta definición, así como el tipo de ayuda con que contará.
El pasado día 24 de enero la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Alianza contra la Pobreza Energética de Cataluña presentaron a los grupos parlamentarios una propuesta en la que se recogían los principales puntos de disenso con la norma que se aprueba hoy, y que avanzaba los criterios que deben tenerse en cuenta, si se aprueba el texto tal y como está actualmente redactado, para garantizar el derecho a un mínimo de energía a todos aquellos hogares que tengan dificultad para pagar sus facturas.
Así mismo, la propuesta recogía la necesidad urgente de elaborar una Ley contra la Pobreza Energética en la que se defina esta situación, se regulen las medidas para freducir sus causas estructurales y se garantice el acceso a la energía a los hogares en situación de vulnerabilidad. La energía es un bien común esencial y debe gestionarse con las obligaciones de servicio público que ello conlleva, como recordaba el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen sobre pobreza energética en Europa en el año 2013.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético también advierte sobre el mecanismo de financiación planteado por el Real Decreto-Ley, por considerarlo claramente discriminatorio. La norma recoge la obligación de que el coste del bono social sea financiado por todas las comercializadoras en función del número de clientes de cada una, sin tener en cuenta su volumen de consumo. Este reparto perjudica gravemente a aquellas comercializadoras con gran número de clientes domésticos y de consumo reducido, como pueden ser las pequeñas comercializadoras y cooperativas de energía verde, frente a las comercializadoras que tienen grandes industrias con un elevado consumo entre sus clientes, como son las comercializadoras pertenecientes al oligopolio. Además, las comercializadoras que no tengan el reconocimiento de comercializadoras de referencia, es decir, la inmensa mayoría, deberán financiar el bono social pero no podrán ofrecerlo, lo que constituye otra grave discriminación en favor de las empresas del oligopolio.
Por todo ello, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético reclama un bono social energético justo, no discriminatorio y que sea eficaz. Además, denuncia la falta de transparencia en el sector, y recuerda que desde hace años viene reclamando una auditoría de costes de todas las empresas energéticas, para evitar los desproporcionados beneficios que obtienen las centrales de determinadas tecnologías y que se reparten entre sus accionistas, mientras millones de familias son incapaces de calentar sus hogares o se ven desprotegidas frente a los cortes de suministro.
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